Brecha digital es una expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen Internet y aquellas que no, aunque también se puede referir a todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (teléfonos móviles y otros dispositivos). Se trata de una cuestión de alcance político y social. Este término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. También se utiliza en ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y aquellos que no.

Según Internet World Stats, actualizado en el 2004, de los 785 millones de internautas conectados, casi el 70% vive en los países industrializados, donde reside el 15% de la población mundial. Mientras que Europa y Estados Unidos suman 450 millones de usuarios, en todo el continente africano no hay más que 4, y estas diferencias se manifiestan asimismo entre hombres y mujeres, ciudad o campo, edades, estatus sociales, paralelamente a las "brechas" de siempre: el acceso a la sanidad, a la educación, la mortalidad infantil, el hambre, la pobreza.

Otros autores extienden el alcance de la Brecha Digital para explicarla también en función de lo que se ha denominado "analfabetismo digital", que consistente en la escasa habilidad o competencia de una gran mayoría de miembros de las generaciones nacidas antes de los años sesenta para manejar las herramientas tecnológicas de computación y cuyo acceso a los servicios de Internet es por ende muy limitado.

El movimiento de inclusión digital

Los procesos de desregularización y globalización de los mercados excluyen a grandes segmentos de territorio y reconfiguran una arquitectura geopolítica donde se redimensiona la importancia de los estados en el control de sus territorios. Paralelamente, surgen nuevos movimientos sociales que llevan la discusión sociopolítica a escala global, generando una Sociedad Civil transnacional capaz, en tanto en las Cumbres mundiales como en los grandes temas internacionales (por ejemplo durante el debate sobre la guerra), de imponerse como un "quinto poder".

En la primera Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI - WSIS) organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el año 2003, la sociedad civil estuvo representada por primera vez junto a los gobiernos y el sector privado, y defendió la necesidad de estimular no sólo el acceso, sino también el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías porque sostienen que éstas efectivamente puedan incidir en los propios procesos de desarrollo, combatiendo las demás brechas que subyacen a la digital.

Las TICs deberían proporcionar un espacio de encuentro de una nueva esfera pública, donde la sociedad civil pueda definirse y comprenderse en su diversidad y donde las estructuras políticas estén sujetas al debate público y sean evaluadas por sus acciones, garantizando la participación de las categorías más excluidas a través de perspectivas de género, regionales y sociales.

En ocasión de WSIS/CMSI los principales grupos de la Sociedad civil dieron vida a la campaña CRIS (Communication Rights in the Information Society –Derechos de Comunicación en la Sociedad de la Información), con el objetivo de infundir la agenda de la Cumbre con cuestiones relacionadas con los medios de gobierno y derechos a la comunicación.

En la CRIS se ha enfatizado el rol de las nuevas tecnologías como herramientas de comunicación de valores comunes entre grupos, individuos y organizaciones sociales, criticando una justificación instrumental de las tecnologías vistas principalmente como un fin más que como un medio para impulsar un cambio social, una visión instrumental que no considera ni las barreras culturales y lingüísticas, ni las relaciones de dependencia y subordinación técnica, económica y política entre y dentro el Norte y el Sur del Mundo.

La inclusión digital, sostiene la sociedad civil, hay que pensarla como un asunto colectivo, no individual, donde los beneficios sociales hay que verlos en relación a los que se generan para las comunidades, organizaciones, familias y grupos que sacan provecho de las tecnologías, aunque no tengan acceso a éstas. La eficacia de las políticas de inclusión digital dependerán de las posibilidades de integración del conocimiento en los propios objetivos de sus beneficiarios, considerando que no existe un solo modelo, sino muchas posibles sociedades de la información y de la comunicación adaptadas según las diferentes necesidades y objetivos individuales y comunes de un planeta para nada homogéneo.